En los últimos cinco decenios, el combate de las plagas se ha basado, en gran medida, en el uso intensivo de plaguicidas sintéticos. Sin embargo, esta situación, unida al mal manejo y empleo de productos de peligrosidad reconocida, han ocasionado problemas que comprometen la sostenibilidad de los agrosistemas, la biodiversidad, la economía de los países, el bienestar y la calidad de vida de los seres humanos (Bull 1989, Colborn et al. 1996, Conway y Pretty 1991, Crissman et al. 1994, Díaz y Lamoth 1998, Dinham 1993, García 1997, Henao et al. 1993, OMS 1992, Pimentel et al. 1995, Pingali et al. 1994, Repetto y Baliga 1996, Rozas 1995, Thrupp 1995, van den Bosch 1993, van der Valk y Koeman 1988, Wesseling 1997). Esto principalmente ocurre en los países en desarrollo, donde el valor de las ventas de plaguicidas es menor (20-30%) pero la proporción de intoxicados es mayor (70-80%), especialmente intoxicaciones letales (>95%) (Gomero y von Hildebrand 1990, Jenkins y Acosta 1998, Jeyaratnam 1998, Jeyaratnam citado por FASE 1996, OMS 1992, WHO citada por El Sebae 1993).

Al tratar el tema de los plaguicidas se debe reconocer que se tratan de "venenos", a pesar de su origen y categoría toxicológica, tal y como lo recuerda la etimología de la terminación "cida", la cual se deriva de la raíz latina "caedere" que significa "matar" según la Real Academia Española.

Por ejemplo, una estimación conservadora anual de las intoxicaciones agudas en personas, a nivel mundial es de 500 000 - 1528 000 y entre 3 000 y 28 000 defunciones. Sin embargo, un estudio en países asiáticos reveló que el número de intoxicaciones es mayor (1500 000 - 2000 000), y aproximadamente 40 000 defunciones anuales. La Organización Internacional de las Uniones de Consumidores (OICU) estima que en los países en desarrollo, cada 4 horas muere un agricultor por intoxicación con plaguicidas, es decir más de 10 000 al año, y que 375 000 personas llegan a padecer sus consecuencias (García 1997, OIT 1994).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cerca del 3% de la población agrícola de los países en desarrollo, está sujeta a sufrir intoxicaciones agudas causadas por plaguicidas. Otras fuentes calculan la tasa de intoxicación para estos países entre 8 y 50 casos por cada 100 000 habitantes, en contraste con 0,2 : 100 000 (= 1 : 600 000) en los países desarrollados (García 1997, Jenkins y Acosta 1998). Conway y Pretty (1991) estiman que en el Reino Unido el promedio de víctimas es de 5 por cada 100 000 personas, mientras que en los países en desarrollo la proporción de intoxicaciones es mayor 20 : 100 000. Para los países de América Central, la Agencia Internacional para el Desarrollo de los EE.UU (AID) calculó que la tasa anual de intoxicación por estos productos es de 300 : 100 000. Las intoxicaciones agudas representan aproximadamente 93 000 (García 1997).

Las estimaciones varían considerablemente, y no existen cifras exactas y confiables; sin embargo, los cálculos disponibles indican que se trata de un problema de dimensiones graves, especialmente para los países en desarrollo. Además, en estas estimaciones no están incluidos los efectos crónicos como cáncer, defectos de nacimiento, abortos y esterilidad (Bull 1989, Colborn et al. 1996, OIT 1994).

Por estas razones, en las últimas décadas se han realizado muchas actividades de capacitación sobre manejo seguro de plaguicidas, con el propósito de contrarrestar los problemas citados anteriormente (Deasy y Riby 1998, LACPA 1998a, b y c). Por ejemplo:

En Costa Rica, entre 1977 - 1997, se realizaron más de 2 000 actividades de capacitación, en las cuales participaron más de 100 000 personas, entre agricultores, técnicos, vendedores, distribuidores, amas de casa, maestros y escolares (LACPA 1998c).

En Guatemala, de enero de 1995 a diciembre de 1997, se ofrecieron cursos de capacitación en esta temática a 30 602 personas (LACPA 1998a).

Sin embargo, una evaluación de seguimiento sobre varios de estos cursos reveló que, si bien en la mayoría de los casos transfirieron conocimientos, lamentablemente no produjeron un cambio de actitud significativo (Aguilar y Barquero 1992, Bustamante 1994, Kamel 1995, VE-PPUNA 1994). Hruska y Corriols (1993, citados por Hruska 1994) señalan que una evaluación realizada por CARE Internacional en Nicaragua, demostró que el uso de equipo de protección y de manejo no redujo efectivamente la exposición a los plaguicidas a pesar de la capacitación a los productores sobre los peligros de estos productos, y del equipo de protección facilitado para su manejo.

Parece que las capacitaciones en manejo de plaguicidas se han convertido en una labor mediante la cual los participantes conocen que existen peligros y las normas de seguridad que deben seguir, pero que en realidad, no hay posibilidad de lograr un cambio en las prácticas cotidianas de la mayoría de los trabajadores que utilizan estos productos (Kamel 1995).

El objetivo de este trabajo es documentar la realidad de la utilización de los plaguicidas en los países en desarrollo, enfatizando los factores condicionantes que potencian la presencia de los riesgos asociados a su utilización, así como algunas de las condiciones que limitan o imposibilitan a quienes los aplican, a seguir las normas sugeridas en los cursos de capacitación sobre manejo seguro.

Es importante comprender que el empleo de plaguicidas conduce, inevitablemente, a una dependencia del producto y la contaminación del ambiente, cuya magnitud e impacto dependerán de las circunstancias dadas. En el caso de los países en desarrollo, la contaminación y los peligros inherentes, tanto para el usuario como para el ambiente y el consumidor de los cultivos a los cuales se aplican estos productos, son más críticos que en los países industrializados, porque en los primeros se presentan, con frecuencia, una o varias de las situaciones descritas a continuación:

a) Condiciones de trabajo deficientes, en las cuales es común observar personas sin equipo de protección en plantaciones recién aplicadas, o peor aún, durante la aplicación, mientras realizan simultáneamente labores como podas, fertilización y cosecha, entre otras. En ocasiones, se asperjan los zapatos de los trabajadores y los vehículos en que son transportados a los lugares de trabajo, dentro de la plantación. Con la expansión de la globalización se acelera la concentración de las tierras productivas en manos de unos pocos y como resultado se provoca un aumento significativo de las áreas sembradas bajo la modalidad de monocultivo. Esto conlleva a un mayor uso de plaguicidas y al incremento en la frecuencia de las situaciones descritas (URUGUAY... 1998, Cole et al. 1988a y b, Crissman et al. 1994, Díaz y Lamoth 1998, FASE 1996, OIT 1994, Reyes-Boquiren y Regpala 1995).

b) Preparación y aplicación de mezclas empíricas, de productos no recomendados, e inclusive, de aquellos autorizados pero empleando dosis mayores y más frecuentes a las especificadas, irrespetando los períodos de no aplicación, con el propósito de asegurar la cosecha, porque el precio del cultivo lo paga, ahorrar tiempo, o bien, por la suposición de que las mezclas de plaguicidas son más eficaces (Bonilla 1998, Crissman et al. 1994, Grandstaff y Songsakul citados por Jungbluth 1996, Hernández 1988, Reyes-Boquiren y Regpala 1995, García 1997). En ocasiones, los plaguicidas se mezclan con los fertilizantes y son aplicados sin guantes o con unos en mal estado (McConnell y Hruska 1993).

c) Falta de atención médica oportuna y adecuada en la mayoría de las zonas rurales, así como la lejanía de los centros de salud de los lugares de trabajo y transporte lento, impide la atención médica rápida en caso de intoxicaciones graves. Además, en muchos de los países en desarrollo no existe un sistema de seguridad social o sistemas de seguro médico accesible para los agricultores (El Sebae 1993, Díaz y Lamoth 1998, OIT 1994 1993).

d) Condiciones higiénicas insuficientes unidas a la carencia de agua limpia, en muchos de los lugares donde se manipulan plaguicidas. Además, las condiciones de alojamiento de personas, en ocasiones son inadecuadas llegando a menudo a condiciones de aglomeración excesiva e insalubre (MILES DE... 1996, Bull 1989, FASE 1996, OIT 1994, Thrupp 1990).

e) Salud precaria de los trabajadores, relacionada a menudo con períodos de descanso insuficientes, así como a problemas de desnutrición, alcoholismo y en algunos casos, consumo de drogas. Todo esto aumenta la acción tóxica de los plaguicidas sobre los usuarios (Bull 1989, Christakis et al. 1982, Collins y Lear 1995, FASE 1996, García 1997, OIT 1993, Thrupp 1990, Viswanathan y Misra 1989).

f) Alto grado de analfabetismo, ignorancia e imprudencia, especialmente en las zonas rurales, donde son más utilizados estos productos (Bull 1989, Deutsche UNESCO-Kommission 1998, Dreyer et al. s.f., El Sebae 1993, Jenkins 1995, Knirsch 1993, OIT 1993, Whitaker 1993). Popper et al. (1996) en un estudio realizado en pequeños poblados rurales de Guatemala, observaron que algunos caficultores aplicaban con frecuencia insecticidas para controlar hongos, e incluso, que las mujeres utilizaban los mismos productos para eliminar plagas domésticas, como piojos en los niños.

Es importante enfatizar que no es suficiente leer y escribir en forma elemental para comprender el contenido de las etiquetas y los pocos boletines informativos sobre plaguicidas. La CEPAL señala que la mayoría de los jóvenes que ingresan al mercado laboral no han completado la enseñanza media y, entre los egresados, muchos lo hacen en sistemas de baja calidad. Por su lado, la OIT informa que el 50% de los menores trabajadores en Guatemala, Honduras y El Salvador y el 75% en Costa Rica abandonaron los estudios o nunca los iniciaron. En todos los países centroamericanos la deserción y el analfabetismo entre los niños trabajadores es 4 - 5 veces mayor que entre los no trabajadores (Gamboa y Cartagena 1996).

En muchas de las fincas extensas, a los encargados de realizar las aplicaciones de plaguicidas no se les proporciona la información al respecto, porque no está disponible o porque no se considera necesario.

g) Poca o ninguna disponibilidad de equipos de aplicación y protección personal apropiados, ni repuestos, así como material informativo. Lo mismo ocurre con las oportunidades de capacitación y las señales de advertencia y precaución que deben estar en el campo y en los lugares de producción, formulación, reempaque, almacenamiento y venta de estos productos, como rotulaciones de advertencia, botiquín de primeros auxilios y extintores entre otros (D & E 1998, Díaz y Lamoth 1998, Dreyer et al. s.f., Knirsch 1993). Por ejemplo, la OIT informó que en Malasia en una ocasión se emplearon pulverizadores de mochila defectuosos, demasiado voluminosos y con dos lanzas cortas, que a menudo tenían pérdidas. Este es uno de los factores que provocaron graves exposiciones a plaguicidas; también menciona la dificultad de conseguir equipos adecuados de protección personal en Filipinas (OIT 1994 y 1993). A esta situación debe añadirse la falta de recursos económicos para la compra y el mantenimiento de los equipos de aplicación y de protección personal, así como para el almacenamiento adecuado de estos y de los envases de plaguicidas (Bull 1989, Cole et al. 1998, Knirsch 1993, OIT 1993, Thrupp 1990; varios autores citados por FASE 1996). La aplicación de los plaguicidas con equipos en mal estado y sin protección, así como el almacenamiento de los plaguicidas dentro de las viviendas aumenta el grado de exposición a estos productos.

h) Políticas gubernamentales y privadas predisponen a los productores, a abusar del uso de estos productos (Knirsch 1993). Una de estas políticas son los subsidios a los plaguicidas. Al respecto, varios estudios han demostrado que la disponibilidad de estos productos a precios relativamente bajos predisponen a algunos agricultores a sobreutilizarlos con el fin de "asegurar la cosecha", abandonando las prácticas agronómicas eficaces y más sostenibles (Hernández 1988, McConnell y Hruska 1993, Repetto 1985). En Indonesia, el uso de plaguicidas aumentó 76% entre 1979 y 1985, como consecuencia del subsidio a estos productos. Al respecto, Repetto (1985) destaca cinco tipos de subvenciones: 1. Exenciones parciales o totales de impuestos de importación, ventas u otros. 2. Importaciones donadas o subsidiadas por agencias de cooperación internacional. 3. Crédito preferencial, donde la casa importadora o el agricultor reciben créditos con plazos mayores o tasas de interés menores a las del mercado. 4. Tipo de cambio preferencial, donde la casa importadora recibe divisas para la compra de plaguicidas a un tipo inferior que el del mercado. 5. Ventas directas a los agricultores por medio de agencias gubernamentales a precios subsidiados.

Otro ejemplo, es la introducción, formulación y producción masiva de plaguicidas en China en los últimos años. En este país la mayoría de las compañías transnacionales de productos químicos están estableciendo fábricas y realizando campañas agresivas de mercadeo. Aquí, se supone que las fábricas mismas hacen la divulgación del Manejo Integrado de Plagas (MIP), pero la mayoría de los extensionistas tienen que obtener, por lo menos 30% de su salario y la mayor parte de su presupuesto de operaciones del "mercado libre", lo que generalmente significa vender plaguicidas (Zhang, U.J. citado por Williamson 1995).

i) Falta de fiscalización eficiente. En algunos casos el Estado y los colegios profesionales, encargados de esta tarea no tienen la capacidad de realizar eficientemente las funciones de fiscalización requeridas en esta materia. Esta situación se ha agravado en los últimos años en los países en desarrollo, donde las políticas de globalización han mermado el personal encargado de estas labores porque no se consideran prioritarias. Además, es importante reconocer las limitaciones que enfrentan los fiscalizadores cuando intentan hacer eficaz su control, considerando la realidad en que viven: bajos salarios, falta de estímulos, carencia de recursos humanos y económicos, capacitación nula o deficiente, sin mayor experiencia y con equipamiento e información limitados (Bull 1989, CEPPI 1993, D & E 1998, Díaz y Lamoth 1998, Dinham 1995, 1993, El Sebae 1993, González et al. 1995, Ibarra 1990, Jungbluth 1996, McConnell 1988, OIT 1994, Reiche et al. 1998, Rogg 1998, Seefoó 1998, 1997, Thiam 1995, Thrupp 1990, Widjanarka et al. 1995). Al respecto, una investigación de la FAO revela que 84 países en desarrollo no cuentan con los recursos necesarios para controlar la situación de los plaguicidas potencialmente peligrosos dentro de sus fronteras (García 1997). Por tanto, en algunos países se presentan situaciones de sobornos, o la aplicación de la cultura "del pobrecito", donde los encargados de las labores de fiscalización obvian situaciones que infringen las normas establecidas en materia de uso de plaguicidas, o bien, porque estos no sienten un respaldo de sus superiores ante posibles amenazas de denuncias legales (Fernández y Chaves 1988, García 1997, Rogg 1998 1997, Thomen 1990). En el caso de la corrupción, lo más crítico es que suele quedar impune, no solo por la incapacidad de las instituciones judiciales para juzgar a los culpables, sino también porque la sociedad se ha acostumbrado a no percibirla como delito (Jiménez citado por Zamora 1998). A esto hay que agregar la demora y la falta de coordinación entre las instancias gubernamentales y privadas que tienen injerencia con este tema, tanto en cuanto a los controles como en la elaboración y ejecución de políticas más acordes con los tiempos actuales en esta materia (García 1997, Reiche et al. 1998, Widjanarka et al. 1995).

j) Deficiente o nula reglamentación en algunas áreas, por ejemplo, lo que concierne a los equipos de protección personal y al manejo de desechos de plaguicidas (sobrantes, envases, empaques), así como en lo relativo a la aplicación de plaguicidas de uso doméstico. También se debe reconocer que en muchos de los países en desarrollo, el tipo de ordenamiento jurídico actual es deficiente porque intenta regular el problema con la creación de disposiciones desordenadas, imprecisas en algunos casos, anticonstitucionales, con penalizaciones débiles, mal concebidas y carentes de sentido como instrumentos reparadores del daño causado (Bull 1989, Castro 1997, D & E 1998, Díaz y Lamoth 1998, Dreyer et al. s.f., El Sebae 1993, Fernández y Chaves 1988, Herrera 1990, Jenkins 1995, Knirsch 1993, OIT 1993, Thiam 1995).

k) Interés económico, falta de concientización o ignorancia, de los diferentes sectores involucrados con estos productos (agricultores, patrones, educadores, capataces, supervisores, médicos, agrónomos, comercializadores, políticos, entre otros) en relación con la importancia de este tema (Díaz y Lamoth 1998, García 1997, OIT 1993, OMS 1992, Thrupp 1991). Esta problemática puede deberse a causas como avaricia, ética profesional, educación deficiente, falta de oportunidades de capacitación, negligencia, pocos materiales informativos o de calidad deficiente o preparados para otras realidades o condiciones, tiempo limitado, falta de recursos económicos para continuar educando. Es importante señalar que parte del sector patronal no tiene una conciencia clara de que los gastos derivados de la aplicación de medidas de manejo adecuado de estos productos son en realidad una inversión, y no costos adicionales innecesarios.

Por otra parte, los involucrados en la venta de estos productos a menudo son personas que no poseen conocimientos necesarios en la materia, pues en algunos países en desarrollo los plaguicidas pueden ser vendidos por personas sin la preparación suficiente en la materia (Gomero 1994).

l) Estrategias de venta engañosas y poco éticas, por parte de algunas empresas involucradas en la comercialización de estos productos (Bull 1989, Dinham 1995, García 1997, Martínez 1998, Selcraig 1991).

Anuncios en diferentes medios que informan aspectos sobre productos y sus beneficios con afirmaciones poco reales.

El interés creciente por los productos de origen natural, ha provocado que se registren algunos nombres comerciales de los plaguicidas sintéticos con nombres que inducen al comprador a creer que son productos naturales. Para ello se utilizan prefijos como BIO-, ECO- y ECHO-. En Costa Rica, por ejemplo, existen más de dos decenas de plaguicidas sintéticos con nombres comerciales que comienzan con alguno de estos prefijos.

m) Mayor utilización de productos de reconocida peligrosidad, restringidos o prohibidos en los países donde son fabricadas (Bejarano 1995, COTESU-PROFIZA 1996, D & E 1998, Díaz y Lamoth 1998, Dinham 1995, 1993, FASE 1996, 1993, García 1997, González et al. 1995, Hanson 1994, McConnell 1988, Reyes- Boquiren y Regpala 1995, Seefoó 1998, 1997, Thiam 1995, Widjanarka et al. 1995). A pesar de que en la actualidad existen opciones de productos menos peligrosos desde el punto de vista toxicológico para el usuario y el ambiente, la mayoría de estos son más costosos que los plaguicidas convencionales, por tanto, los usuarios suelen optar por los productos más baratos. En ocasiones, los productos alternativos no se registran en países en desarrollo porque las empresas estiman que no tendrá mercado. Sobre este particular, la industria alemana de producción de plaguicidas justifica la utilización del DDT en los países en desarrollo, dado su menor costo (IVA 1996).

n) Facilidades para la adquisición de plaguicidas, inclusive, los de reconocida peligrocidad pueden conseguirse en el mercado sin restricciones (Dinham 1993). También los plaguicidas prohibidos o restringidos, se pueden conseguir en el mercado negro (González et al. 1995, Rogg 1998, 1997, Thiam 1995, Widjanarka et al. 1995). La disponibilidad de los mismos a precios reducidos comparado con otros, y la eficacia reconocida por parte de los usuarios, son los principales factores que estimulan este tipo de comercio.

En algunos países en desarrollo no existen normas ni mecanismos de control de calidad de los plaguicidas comercializados y, aún en algunos de los que tienen normativas, las medidas de control por parte de las entidades estatales no son muy eficientes. Esta situación facilita la entrada, comercialización y uso de productos con fórmulas y concentraciones diferentes a las especificadas en las etiquetas, en mal estado, falsificadas o con etiquetas incorrectas (Dinham 1995, Dreyer y Bodzian 1997, Dreyer et al. s.f., García 1997, González et al. 1995, Knirsch 1993).

ñ) Incomodidad de las ropas y del equipo protector recomendado, especialmente en condiciones de clima cálido y húmedo, donde la temperatura ambiental alcanza 40°C (Bull 1989, Cropper 1994, D & E 1998, McConnell y Hruska 1993, OIT 1994, 1993, Thrupp 1990, Zilberman y Castillo 1994).

o) Necesidades económicas determinan la edad temprana a la que ingresan a trabajar las personas en estos países, donde los salarios y las condiciones de contratación y seguridad social son mínimos o inexistentes (CENTROAMERICA... 1996 y URUGUAY... 1996, Avalos 1998, Cole et al. 1988a y b, Collins y Lear 1995, Gamboa y Cartagena 1996, ILO-UNICEF 1997, McConnell y Hruska 1993, Mora 1998, Reyes-Boquiren y Regpala 1995, Seefoó 1997, Vargas 1997). Al respecto, la Convención de los Derechos del Niño establece como edad mínima de trabajo los 15 años. Sin embargo, a pesar de que esta ha sido ratificada por todos los gobiernos centroamericanos, estos no han adecuado su legislación a los compromisos suscritos (CENTROAMERICA... 1996a).

La OIT indica que en algunos países en desarrollo, casi la tercera parte de la fuerza de trabajo agrícola está compuesta por niños. Esta situación no se circunscribe de ningún modo los países en desarrollo, porque familias de trabajadores inmigrantes, incluyendo los niños, ayudan a plantar y a cosechar las frutas y los vegetales de paíes industrializados (UFWA 1992, van den Bosch 1993). En muchos de estos casos las jornadas laborales son de 8 a 12 h diarias, en lugares alejados del abastecimiento de agua limpia y otras comodidades mínimas. Como los niños han ayudado tradicionalmente a la familia en los trabajos del campo, las medidas legislativas destinadas a protegerlos del trabajo nocivo -en fábricas, minas y otras industrias- usualmente no han incluido la agricultura, convirtiendo así a los niños trabajadores en agricultura en los menos protegidos de todos (UNICEF 1997). La situación descrita es también cierta para la producción de ciertos cultivos para los mercados nacionales y regionales como son las hortalizas.

Como consecuencia de lo anterior, así como por los accidentes domésticos, los menores en países en desarrollo se encuentran más expuestos a los riesgos de intoxicaciones asociados al uso de los plaguicidas. Así, por ejemplo, en Costa Rica, entre 1982 y 1997, el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones informó de la intoxicación de 5879 personas menores de 18 años, lo cual representa el 38% del total de intoxicaciones registradas durante esos años (Quirós 1998, Quirós et al. 1994).

p) Condiciones culturales como el machismo predisponen a los usuarios de estos productos a manipularlos de manera temeraria e imprudente, con un sentido de omnipotencia, subestimando los riesgos asociados a su uso (Alvarez 1998, Mojica 1998). Otra de las razones que inducen a los usuarios a no utilizar la indumentaria de protección personal cuando manipulan plaguicidas, es el temor a ser ridiculizados por la vestimenta.

Seefoó (1997) señala la existencia de un número de factores de tipo cultural que predisponen a los trabajadores a tener una baja percepción del riesgo. Entre estos factores está el fomento de la creencia, por parte de algunos patronos, sobre la inocuidad de los plaguicidas. Esta baja percepción del riesgo predispone al trabajador a no tomar las precausiones necesarias para la inminente exposición a estos productos. Luhmann (citado por Seefoó 1997) destaca que..."la evaluación del riesgo y la disposición a aceptarlo no es un problema síquico sino, un problema social. Uno se comporta tal como lo esperan los grupos de referencia relevantes, o tal como uno ha sido socializado -sea de acuerdo con la opinión comúnmente aceptada o contra ella...". De lo anterior se demuestra la importancia de conocer la percepción del riesgo, entendida como un conjunto de sensaciones estructuradas a manera de una totalidad según los diferentes marcos de valores de los trabajadores y patronos, para llegar a entender su comportamiento en el trabajo diario, así como su indisposición para prevenir los posibles riesgos (Seefoó 1997).

q) Condiciones topográficas, tipo de agricultores y de agricultura más común en los trópicos. En muchos de los países en desarrollo, el principal medio para la aplicación de plaguicidas son equipos de aspersión manual, que conlleva a un mayor riesgo de exposición para el usuario.

r) Años de intensa propaganda a favor de la agricultura industrial crearon la sensación de que los plaguicidas no son tóxicos (URUGUAY... 1998). Además, el contenido de la información en las etiquetas promocionales, anuncios u hojas sueltas con propaganda sobre los productos es, en ocasiones, confuso, incompleto, equivocado, falso, en otro idioma, en letra muy pequeña o con términos técnicos de difícil comprensión para la mayoría de los usuarios (Dinham 1993, García 1997, GTZ 1998, Knirsch 1993, OIT 1994, 1993, Seefoó 1997, Selcraig 1991, Thrupp 1990, Vereno 1997).

En varios países en desarrollo existen laboratorios de análisis de calidad de estos productos, no obstante, estos laboratorios solo pueden analizar cantidades muy limitadas de las muestras, dejando una incertidumbre al respecto de gran número de agroquímicos.

Lo mismo sucede con los llamados ingredientes inertes (i.i.), donde con pocas excepciones, no se especifica su nombre. En comparación con los llamados "ingredientes activos", es muy poco lo que se conoce con respecto a la toxicología, dinámica y posibles efectos negativos en el ambiente de estos productos no identificadas que, sumadas, a menudo constituyen 95% o más (hasta 99,9%) del contenido de las formulaciones comerciales de los plaguicidas de la última generación (Arden 1991, Cox 1997, 1992, Dugan 1992, Grier 1992a y b, Knight 1997, Pegg 1992, Small 1997).

En 1987, la EPA anunció su intención de enfrentar este problema. Sin embargo, después de una década, la situación ha empeorado aumentando en un 122% los ingredientes inertes clasificados por la EPA como de toxicidad desconocida (Marquardt et al. 1998).

Al respecto cabe la pregunta: ¿Cómo puede evaluarse la exposición a estos tóxicos cuando no se conoce qué son, ni en qué cantidad se están utilizando? ¿Qué tan seguro puede ser el manejo de los plaguicidas bajo estas circunstancias? Sobre este particular, algunas compañías fabricantes consideran esta información como secreta.

s) Una situación preocupante es la práctica común del reenvase o reempaque de plaguicidas, incluso en recipientes inapropiados, por parte de los pequeños comercios y de los mismos usuarios. Con esto no se garantiza la identificación adecuada del producto con sus respectivas precauciones y advertencias de uso ni su homogeneidad. Por lo general, a estos productos no se les colocan etiquetas adecuadas y se le comercializa incluso en empaques o recipientes sin ningún tipo de identificación (Dreyer y Bodzian 1997, Dreyer et al. s.f., Knirsch 1993, Rogg 1998, 1997).

t) El acceso a la información toxicológica sobre los diferentes componentes de las formulaciones de plaguicidas (ingredientes activos, ingredientes "inertes" y coadyuvantes), así como la referente a su dinámica y efectos colaterales indeseables sobre el ambiente es difícil y con frecuencia inaccesible, tanto para los profesionales que recomiendan los productos, como para la mayoría de los usuarios directos y los consumidores de alimentos tratados con plaguicidas (D & E 1998, Dinham 1995, Knirsch 1993). Esto también sucede con la información sobre la toxicodinámica de los plaguicidas y el tratamiento adecuado de las intoxicaciones por parte del personal médico. A pesar de que los fabricantes de estos productos señalan que se han realizado gran cantidad de pruebas toxicológicas en diversos organismos , así como de los altos costos que estas implican, la mayor parte de esta información es difícil de conseguir y la poca información disponible está en otros idiomas o en un español confuso, producto de malas traducciones.

Al respecto, es importante destacar que una investigación realizada por la Academia Nacional de Ciencias de los EE.UU. reveló que únicamente existen datos toxicológicos suficientes para 10% de los ingredientes activos comercializados como plaguicidas. Para 52% la información es incompleta y para los 38% restantes no hay información toxicológica disponible (García 1997).

u) Dificultades para deshacerse de los desechos de plaguicidas, así como de los plaguicidas prohibidos o en mal estado (COTESU-PROFIZA 1996, Díaz y Lamoth 1998, Dinham 1995 1993, García 1997, van der Wulp 1993). En los países en desarrollo se acumulan grandes cantidades de plaguicidas prohibidos en los países desarrollados, así como contaminados, en mal estado o con especificaciones falsas o fuera de las normas estipuladas (Davis 1998, 1996, Dinham 1995, Dreyer et al. s.f., FAO 1998, García 1997, Gómez 1995, GTZ 1998, 1996, Jungbluth 1996, Kern y Vaagt 1996, Rwazo 1997, TPT 1998, van der Wulp 1993, Vereno 1997, Wodageneh y van der Wulp 1996). Se estima que existen más de 100 mil ton de plaguicidas acumulados en los países en desarrollo (Davis 1998, FAO 1998, FAO citada por Rwazo 1997, TPT 1998). Si bien es cierto que existen las posibilidades técnicas para manejar estos problemas, esto tiene un costo que en la mayoría de los casos no es cubierto por parte de las grandes plantaciones y la industria de los químicos. Al respecto, la FAO estima que en Africa existen de 20 a 30 mil ton de plaguicidas en mal estado y que los costos para deshacerse de estos podría alcanzar los US$150 millones. Una de las técnicas recomendadas para la destrucción de este tipo de desechos es la incineración; sin embargo, el costo por ton es de US$3000 a 5000/ton (FAO 1998, FAO citada por Rwazo 1997, TPT 1998, van der Wulp 1993).

v) Problemas para eliminar adecuadamente los envases de los plaguicidas por falta de centros de acopio específicos, políticas (incentivos), educación suficiente y directrices oficiales en la mayoría de los países en desarrollo. La necesidad de la población de contar con recipientes, hace que algunas personas usen los envases de plástico y metal de cierto tamaño para almacenar o transportar agua de consumo o granos cosechados. Esto es más común cuando los envases son atractivos, prácticos y de buena calidad (URUGUAY... 1998, COTESU- PROFIZA 1996, Knirsch 1993, Vaughan 1993).

w) El sistema de educación y extensión convencional utilizado en las últimas décadas ha hecho creer a muchos profesionales y agricultores que la agricultura moderna consiste en la adopción de los paquetes tecnológicos difundidos por la revolución verde, menospreciando el valor de las prácticas tradicionales, que son el resultado de la capacidad de observación, análisis y práctica de las generaciones pasadas y presentes. Con este sistema se considera al agricultor como un receptor y practicante de tecnologías validadas en otras realidades. Los agricultores en algunas ocasiones son convencidos por los vendedores de plaguicidas, siguen las recomendaciones sobre productos, mezclas y dosis a utilizar dadas por quienes no siempre tienen la preparación necesaria en esta materia (García 1997, Reyes-Boquiren y Regpala 1995, Rogg 1998). La venta de productos sin la preparación adecuada o con el objetivo de aumentar utilidades, no considera los efectos colaterales indeseables que pueden resultar para la producción, el ambiente y los consumidores, así como para la economía del país por concepto de gastos en divisas y las externalidades involucradas en las intoxicaciones por plaguicidas (tratamiento médico, días de trabajo perdidos e incapacidades entre otras).

x) Por lo general, los cursos en manejo de plaguicidas hacen énfasis en las prácticas de manejo de estos productos, sin mencionar los posibles efectos sobre la salud de los usuarios, los consumidores y el ambiente, a mediano y largo plazo, o solo se mencionan estos de una manera muy somera (Antle y Capalbo 1994). En ocasiones se utilizan materiales didácticos que no corresponden a la realidad de los educandos. Además, se carece de seguimiento y continuidad en las campañas de capacitación.

y) La limitación de la oferta de estos productos, y la disponibilidad en el lugar donde se adquieren (Knirsch 1993). La falta de un producto químico específico hace que el usuario termine comprando el que recomienda el expendedor. No obstante, a pesar de que en algunos países los dependientes de los expendios deben tener una licencia, lo cierto es que los conocimientos de éstos, en muchos casos, se limitan a la información de la etiqueta o la dada por los agentes vendedores de estos productos.

z) Exigencias excesivas de los mercados en cuanto a la calidad estética de los productos agrícolas. Esto obliga a los productores a tratar de lograr agrosistemas asépticos mediante el uso de plaguicidas para obtener productos destinados a la exportación. En los países en desarrollo este sector es el principal consumidor de plaguicidas (García 1997).